SUMARIO: I-. Acercamiento a la Administración ElectrónicA- II-. MARCO DE DESARROLLO: Políticas de fomento de la e-Administración: 1-. Los precursores . 2-. El presente de la e-Administración. - III-. MARCO LEGAL: 1-. Una visión general. 2-. La e-Identificación: Firma Electrónica. 3-. La Protección de Datos en la Administración. - IV-. Nuevos caminos para la e-Administración: 1-. Proyecto de Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas. 2-. Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. - V-. Conclusión.

I-. Acercamiento a la Administración Electrónica.

La todavía reciente aparición de las nuevas tecnologías en nuestras vidas ha dado lugar a lo que se viene llamando “Sociedad de la Información”, propiciando con ello una revolución en nuestro modo de actuar como individuos sociales y poniendo a nuestro alcance nuevos conocimientos con el único requisito de conectarnos a una inmensa fuente de información almacenada en unos y ceros: una red de datos.

Las Administraciones Públicas no se han podido sustraer a este fenómeno y, desde hace años, vienen haciendo grandes esfuerzos para su adaptación a las nuevas tecnologías mediante el desarrollo de planes y estrategias que buscan la transformación de su modo de actuar, tanto de puertas adentro, como de cara al ciudadano y empresas, con quienes interactúan.

En esta nueva forma de relacionarse de las Administraciones Públicas, definida por la inmediatez y por la facilidad de acceso a la información, ésta juega un papel estratégico, otorga un poder a los ciudadanos que la Administración no puede desconocer. Con ello se está dando un giro radical a las relaciones administrado-Administración, alumbrando lo que hoy se conoce como Administración Electrónica o e-Administración.

Pero ¿qué es realmente, de qué hablamos, en qué pensamos cuando nos referimos a  la e-Administración? La Comisión Europea nos da una de las definiciones que mejor se acercan a los cambios que las nuevas tecnologías están produciendo en el ámbito de lo público: “el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las administraciones públicas, combinado con un cambio organizativo y nuevas habilidades para mejorar los servicios públicos y procesos democráticos potenciando el apoyo a las políticas públicas.”

II-. MARCO DE DESARROLLO: Políticas de fomento de la e-Administración.

1-. Los precursores.

La primera referencia que existe en la legislación española  de inclusión de nuevas tecnologías en un cuerpo legal se remonta al Código de Comercio de 1885 cuando en su artículo 51 incorpora la correspondencia telegráfica como modo de producir obligaciones entre los contratantes. Cierto que impone un contacto previo por escrito pero, este planteamiento, no dista mucho del modelo actual de certificación digital de identidad del usuario, como veremos más adelante.

Desde ese telégrafo a la Internet actual ha pasado mucho tiempo, hemos incluso cambiado dos veces de siglo, y es que las tecnologías de que hoy disponemos no podíamos siquiera imaginarlas hace veinte años. Un buen resumen de lo que pueden suponer estos cambios es la decisión de la Comisión Europea de que antes de 2010 todos los contratos públicos estén accesibles online.

Pero la realidad en España es un tanto distinta, el inicio de los esfuerzos de la Administración por acercar las nuevas tecnologías a la sociedad diseñando una política general de actuación, data del año 1999 con la aprobación por el Consejo de Ministros del Plan de Acción INFO XXI. Este intento no llegó a alcanzar las expectativas generadas pues, cuatro años después, nuestro país figuraba a la cola de todas las estadísticas sobre implantación de nuevas tecnologías, además de que una gran parte de los fondos y programas anunciados nunca se llegaron a ejecutar.

Paralelamente, a principios del año 2000, se presentó en sociedad el llamado “Libro Blanco para la Mejora de los Servicios Públicos” que, tomando como punto de partida el análisis del “estado de la ciencia”, llegó a la conclusión de que las políticas de mejora de atención a los ciudadanos y de recursos humanos “no pueden ejecutarse correctamente sin recurrir al enorme potencial de progreso que para las Administraciones públicas está contenido en las tecnologías de la información y de las comunicaciones”. O, lo que es lo mismo, que ante los nuevos retos que se le plantean cada día a los ciudadanos como consecuencia de la  Sociedad de la Información, la Administración debe modernizarse y actualizarse, y ello pasa por la inclusión de las nuevas tecnologías en todo sus ámbitos administrativos, utilizándolas para mejorar sus procesos internos, y para una relación más positiva con los administrados.

Así las cosas, una vez verificada la escasa eficacia de las medidas del Plan INFO XXI,  sus mismos artífices impulsaron una nueva estrategia plasmada en el programa España.es la cual, basándose en el informe de la Comisión de Expertos de Internet –Comisión Soto- y con unos fines más ambiciosos que su antecesor, pretendía poner a nuestro país en la vanguardia mundial del uso de las nuevas tecnologías en la Administración. Estos objetivos pretendían alcanzarse mediante la puesta en marcha de seis actuaciones concretas, siendo una de las más importantes el desarrollo de la administración electrónica bajo el nombre de administración.es, pero el relevo de los responsables políticos supuso un nuevo cambio de programa y contenidos.

2-. El presente de la e-Administración.

No obstante, el Plan España.es en su modalidad de administración.es, sí sirvió de punto de partida para la elaboración del Plan de Modernización Tecnológica y Simplificación Administrativa de la Administración General del Estado 2004-2007 o Plan Conecta. En él se contemplan diversas iniciativas trazadas con el objetivo primordial del establecimiento de una Administración electrónica eficiente creándose cinco áreas de actuación: Certifica, e-DNI, Ciudadano.es, Simplifica, y Map.es. Incluso se llego a establecer un objetivo inmediato fácil de verificar: suprimir el 80% de los certificados que la Administración General del Estado exige a los ciudadanos, objetivo que hoy empieza a ser una realidad pues, desde principios de 2007, ya no es necesario -en teoría- presentar la fotocopia del DNI o del certificado de empadronamiento cuando se realiza alguna gestión con la AGE.

Estas cinco áreas de referencia se proyectan en otras 43 actuaciones que van desde la ya comentada de la supresión de los certificados a la implantación del DNI electrónico –hoy también una realidad-, pasando por la creación de nuevos espacios de reclamación, atención y comunicación con los ciudadanos, la reducción de los costes y tiempos de respuesta o la mejora e impulso de la imagen institucional.

En los últimos tiempos está tomado su relevo el vigente Plan de Medidas 2006-2008 para la mejora de la Administración o Plan Moderniza, que recoge las actuaciones más destacadas del anterior marco y las integra en 16 nuevas medidas a desarrollar, con una que cabe destacar por encima de las demás: la futura Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, que más adelante analizaremos con detenimiento.

Este plan de modernización aporta además algunas novedades importantes, como es el rediseño y simplificación de un buen número de trámites ciudadanos que persigue, por una parte, evitar los desplazamientos inútiles y perfectamente evitables de los ciudadanos a las diferentes sedes de la Administración y, por otra parte, una agilización de las tareas administrativas que debería desembocar en un cumplimiento de plazos más ajustado a la realidad por parte de la Administración. Todo ello conllevaría un doble efecto positivo: una notable mejora en la percepción que el administrado tiene de los servicios que se le prestan y un ahorro de recursos para el ente que permite los trámites online.

Igualmente interesante es el proyecto de Red Interadministrativa que pretende que antes de 2010 todas las Administraciones públicas queden interconectadas.  Sin duda es una de las mejoras que comportaría mejores resultados: evitar duplicidades en los trámites administrativos, retrasos en las comunicaciones, agilizar la toma de decisiones y un largo etcétera de beneficios que pondría punto final a la mayoría de los reproches que se le hacen a la Administración tradicional. Ahora bien, se trata de objetivos encomiables pero de muy difícil -sino imposible- consecución, pues su éxito supondría conseguir poner de acuerdo, compartiendo su información, a todos los actores de lo público presentes en España: Administración General, CCAA y Entes Locales.

Con un enfoque más general de la e-Administración, el 4 de noviembre de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Avanza, fruto del trabajo de la Ponencia creada dentro del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y de una serie de grupos de trabajo integrados por agentes del sector y representantes de las Administraciones. En esta nueva programación, diseñada con el fin de cumplir con la Estrategia de Lisboa, la Administración electrónica se sigue contemplando como uno de los pilares principales del desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país. El plan recoge actuaciones concretas a poner en marcha bajo el paraguas de los Servicios Públicos Digitales, apostando por “una Administración Electrónica centrada en el usuario y no en el proveedor del servicio, que supere los problemas más graves de los servicios electrónicos ofrecidos por las administraciones españolas: su desigual desarrollo y calidad y la falta de integración de los servicios proporcionados por distintos departamentos o administraciones”. Y es que la falta de cooperación entre las distintas Administraciones es uno de los campos donde mejor pueden ayudar las nuevas tecnologías a mejorar, tanto en los servicios que prestan al público, como en su propia organización interna, creando una forma de trabajo más eficaz y consiguiendo que esta mejora sea realmente apreciada por el administrado-cliente.

Se recogen otros objetivos muy ambiciosos, como doblar el número de servicios electrónicos que se ofrecen antes de 2010 o crear estructuras de cooperación entre las distintas Administraciones públicas –Administración General del Estado, CCAA y Entes Locales-, pero seguramente el otro punto esencial de este plan de mejora sea garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse electrónicamente con las AAPP, marcándose como reto el que en el año 2010 todos los servicios prestados por las Administraciones ofrezcan, como mínimo, alguna de sus prestaciones por Internet, debiendo contar al menos el 80% de estos servicios con interactividad total, es decir, que se puedan completar íntegramente en línea.

III-. MARCO LEGAL

Pero todas estas políticas, modificación de las relaciones e innovaciones, cuando hablamos de Administración Pública y nuevas tecnologías, han de estar presididas por el formalismo; es decir, la e-Administración necesita recubrirse de una telaraña normativa que otorgue eficacia jurídica a sus actuaciones.

1-. Una visión general.

La ya derogada Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), de 17 de julio de 1.958, tuvo entre sus fines el racionalizar y actualizar los procedimientos administrativos y, en lo que a nuevas tecnologías se refiere, su artículo 30 hizo un guiño a la modernización cuando con el fin de mejorar la organización de los trabajos burocráticos potenció “el empleo de las llamadas máquinas adecuadas, con vista a implantar una progresiva mecanización y automatismo en las oficinas públicas”. Pero no hemos de olvidar que este cuerpo legal no fue sustituido hasta 1992 y que entre ambas fechas media una diferencia abismal desde el punto de vista tecnológico. Baste recordar que, en el momento de la aprobación de la LPA, para ubicar un ordenador era necesaria una inmensa habitación, el teléfono acababa de llegar al millón de líneas instaladas en España y el cable coaxial había hecho su aparición dos años atrás con la inauguración del cable coaxial Madrid – Zaragoza – Barcelona.